Un juez federal de Texas bloqueó la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) y detuvo el mandato del Reporte de Información de Beneficiarios Finales (Beneficial Ownership Information Report -BOI) pocos días antes de la importante fecha límite de registro para los propietarios de LLC en todo el país. Si los tribunales lo restablecen, estos reportes afectarán aproximadamente a 32 millones de LLC en los Estados Unidos.
El juez federal de distrito Amos Mazzant del este de Texas emitió la orden judicial a nivel nacional, afirmando que la CTA y la creación del mandato de BOI quedan fuera de los poderes del Congreso para regular el comercio interestatal y exterior.
“El hecho de que una empresa sea una empresa no otorga al Congreso algún poder supremo para regularla en todos los aspectos, especialmente a través de la CTA, que no regula en primera instancia el comercio”, escribió Mazzant.
Este fallo detiene temporalmente la implementación de la ley, que requería que los propietarios de LLC y otras categorías de empresas enviaran información personal y comercial a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2024.
La ley CTA es una legislación bipartidista creada por el Congreso para ayudar a las autoridades a descubrir empresas fantasma y prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la actividad económica ilícita. Sin embargo, varios grupos han argumentado ante los tribunales que la ley infringe las libertades civiles y extralimita la autoridad federal.
A mediados de este año, un juez de Alabama también consideró inconstitucional la ley, pero limitó su fallo a los miembros de la Asociación Nacional de Pequeñas Empresas, quienes iniciaron la demanda contra la ley gubernamental.
En sus observaciones escritas, el juez Mazzant calificó la CTA-BOI de cuasi orwelliana.
Comprender BOI y la Ley de Transparencia Corporativa
En esencia, el BOI es una base de datos de LLCs creada por el Congreso en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa.
La Ley de Transparencia Empresarial, o CTA, promulgada por el Congreso en enero de 2021, tiene como objetivo mejorar la transparencia corporativa y combatir las actividades financieras ilícitas, como el lavado de dinero, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo. La ley introduce Nuevas regulaciones que obligan a las empresas a revelar su información sobre beneficiarios finales a la Red de Ejecución de Delitos Financieros. (FinCEN). FinCEN es la principal Unidad de Inteligencia Financiera bajo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, dedicada a combatir los delitos financieros dentro de los Estados Unidos de America.
¿A Quien se Refiere el Reporte de Información de Beneficiarios Finales?
El Beneficiario Final se refiere a la persona o personas que en última instancia poseen o controlan una empresa, incluso si sus nombres no figuran en los documentos de constitución legal. Esto podría incluir personas que posean porcentajes de propiedad significativos o ejerzan un control sustancial sobre la empresa.
Lee una lista de preguntas frecuentes sobre BOI aquí.
BOI: Lo que recomienda el Abogado de Negocios Marcos
El Abogado Marcos E. García Acosta ha estado siguiendo atentamente la evolución del informe de BOI y recomienda a los propietarios de empresas que reporten sus empresas a FinCEN a traves del reporte BOI.
“Independientemente de lo que hagan los tribunales, recomendamos a los propietarios de LLC que presenten su informe, a menos que existan razones importantes por las que no puedan hacerlo, como disputas de propiedad y otras circunstancias extremas.
“El mundo avanza hacia una mayor transparencia, por lo que tarde o temprano se implementará alguna forma de Reporte de Beneficiarios Finales”, dijo el abogado Marcos.
En noviembre de 2024, sólo 6 millones de LLC aproximadamente 32 millones de LLCs han presentado el informe de Beneficiarios Finales, según FinCEN.gov, la agencia del Departamento de Justicia a cargo de implementar el Informe BOI.
Las batallas legales en curso dejan incierto el futuro de la ley mientras los tribunales sopesan su impacto potencial en las libertades civiles y el equilibrio de la autoridad estatal y federal.
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